Carrió, Sánchez y Zuvic le piden que se investigue la posible autoría intelectual de Aníbal Fernández en el Triple Crimen

Los diputados Nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez junto a la Parlamentaria del Mercosur, Mariana Zuvic presentaron hoy ante la Justicia una denuncia para que se investigue “la posible autoría intelectual de la comisión del triple homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, con las agravantes que correspondieran al caso, contemplados en el artículo 80 incisos 6° y 7° del Código Penal, y/o de otros ilícitos penales cuya comisión quedara probada mediante la respectiva investigación; los que podrían haber sido cometidos por parte del ex Jefe de Gabinete, ex Ministro y ex Senador Nacional Aníbal Domingo Fernández”.

La denuncia cayó después del sorteo en el Juzgado Criminal Federal Numero 4 a cargo de Ariel Lijo y del Fiscal Guillermo Marijuan.

Carrió, Sánchez y Zuvic, afirman: “el entonces ministro del Poder Ejecutivo, Aníbal Fernández, a través de actos concretos, además, ha obstaculizado la actuación de otro Poder del Estado argentino (el Legislativo), en la lucha contra el narcotráfico” y acotan “la gravedad de los sucesos relatados amerita que al fin la Justicia investigue cualquier participación que un ex funcionario público como el Sr. Aníbal Fernández, pudiera haber tenido respecto de la autoría intelectual del triple crimen de General Rodríguez”.

“Estamos ante un entramado mafioso en el cual se entrecruzan la importación -lícitamente o mediante su contrabando- de ingentes cantidades de efedrina para la confección de estupefacientes, sea en el país o para su exportación con destino final en cárteles de narcotráfico mexicano, el tráfico de influencias para lograr impunidad judicial y a nivel de investigación policial, el tráfico de influencias para gestionar permisos de portación de armas, y la venta ilegal de armas producto de un plan de desarme del gobierno”, sostuvieron y agregaron que  “Por lo tanto se evidencia el accionar de una asociación ilícita, que a fin de eliminar la competencia de la venta de efedrina con destino al narcotráfico, asesino a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Sin lugar a dudas, la decisión en cuanto a la ejecución del triple crimen tuvo que haberla tomada la cabeza de la organización, y existen serias sospechas como para suponer que esa persona es el Sr. Aníbal Fernández”.

Los dirigentes dicen que “Paralelamente, y a fin de dar cohesión al supuesto accionar del Sr. Fernández en su faz privada con su desempeño como funcionario público, resulta patente su comportamiento tendiente a permitir el incremento del narcotráfico en nuestro país, siendo uno de los máximos responsables políticos en sus sucesivos cargos de Ministro del Interior, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y luego como Jefe de Gabinete (…) existen innumerables elementos que tornan indispensable una profunda investigación respecto de las responsabilidades del Sr. Aníbal Fernández en cuanto a la autoría intelectual del triple crimen de General Rodríguez, y que hasta el momento han sido soslayadas por las diversas investigaciones judiciales que directa o indirectamente tienen vinculación con el mismo”.

“El triple crimen de General Rodríguez de agosto de 2008 y sus derivaciones ha resultado el detonante público de una preocupante trama de vinculaciones entre el poder político y el narcotráfico; particularmente con relación al desvío y contrabando de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes, sobre la cual los suscriptos y otros legisladores de la oposición al anterior gobierno hemos advertido en reiteradas oportunidades y que hasta la fecha, lamentablemente, no ha sido debidamente investigada por la Justicia”, escribieron en la denuncia que presentaron este mediodía.

Los dirigentes de la Coalición Cívica ARI sostuvieron  “La causa del “Triple crimen” ha aportado datos concretos, con nombres propios, que son de relevancia superlativa para el descubrimiento de las verdaderas relaciones existentes entre algunos funcionarios y el narcotráfico. Circunstancias que no deben quedar sin investigar por parte de la Justicia Federal, razón por la cual la suscripta Elisa Carrió realizó oportunamente una denuncia penal que derivó en la Causa N° 8320/2013, en trámite ante la Fiscalía Federal N° 11, instrucción delegada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.” y añadieron:

“Ahora bien, luego de la tragicómica fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Victor Schillacci y las declaraciones del abogado de Ibar Esteban Pérez Corradi, Carlos Broitman, se ha puesto en tapete la discusión acerca de la autoría intelectual del crimen. Es en este sentido que huelga recordar que la investigación judicial -en particular la llevada a cabo por el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone- se circunscribió a sindicar como autor intelectual a Pérez Corradi, soslayándose constantemente las vinculaciones con altas esferas políticas de los implicados”.

En la denuncia sostiene que “Encontramos diversas vinculaciones del Sr. Aníbal Fernández y su entorno con el principal condenado por el triple crimen de General Rodríguez, Martín Lanatta, ya sea a través de los cruces telefónicos, declaraciones de testigos y condenados en la causa, abogados coincidentes, sociedades comerciales vinculadas, y de sin fin de notas periodísticas de investigación que abonan dicha relación. Por otro lado, si bien el mismo Tribunal del triple crimen entiende que para llevarse a cabo un crimen de las características reseñadas es necesaria la participación de otras personas y de la importancia suficiente como para influir en altas esferas del poder, en conjunto con las diversas menciones a “la Morsa”, a la intervención de agentes de la Secretaría de Inteligencia como “Máximo” y Julio César Posse, y a la denuncia de pago de importantes sumas de dinero a cambio de impunidad; nunca se avanzó más allá de las responsabilidades materiales inmediatas”.

“¿Cómo es posible que no se tenga la más mínima idea de quién es Máximo, o si realmente existe tal persona? ¿Qué rol tuvo en el crimen?”, se preguntan y dicen “Máximo sería una persona de alrededor de 60 años, domiciliada en el Partido de Quilmes y con relación con la Policía Bonaerense. Dada la relevancia del particular, brindaremos mayores precisiones al momento de la ratificación de la denuncia”.