actualización del valor de las acciones que corresponde cobrar a los ex trabajadores de YPF y  Petroquímica General Mosconi (PGM), firmado por la diputada Marcela Rodriguez. MAYO 2003

Artículo 1: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la ley Nº 25.471, se entiende como valor libros el valor de la fecha julio de 1993 y como valor de mercado el de mercado a la fecha de liquidación de las indemnizaciones más las compensaciones correspondientes a partir de la fecha de verificación del año.

Artículo 2: La referencia que, respecto del personal de la empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada, hace el artículo 1º de la ley 25.471, incluye a todos quienes fueran trabajadores de Petroquímica General Mosconi S.A.I. y C.

Artículo 3: La mencionada ley se refiere con exclusividad a indemnizaciones para los trabajadores.

Artículo 4: Derógase toda disposición, decreto o acto administrativo que se oponga a la presente ley.

            FUNDAMENTOS

Antecedentes

            Petroquímica General Mosconi S.A.I. y C. fue creada en el año 1971 bajo la forma jurídica de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, regida por la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Los accionistas de PGM eran YPF  y el Ministerio de Defensa de la Nación contando, cada uno de ellos, con el 50% del capital.

            Hacia fines de 1991, al amparo de la Reforma del Estado, regida por la ley 23.696, comienzan a materializarse los actos jurídicos administrativos previos y preparatorios de lo que constituiría el proceso de privatización de PGM.

            Por medio de la ley 24.045 (B.O. del 31/12/91), se aprueba la declaración de “sujeta a privatización” de PGM, entre otras empresas y sociedades, dando de este modo cumplimiento al recaudo exigido por los arts. 8 y 9 de la ley 23.696.

            A partir de ese momento, el personal de PGM adopta la expresa e indubitable decisión de conformar, integrar y operativizar el Programa de Propiedad Participada (previsto en la ley 23.696) que los convertiría en acreedores de las tenencias accionarias que se determinara, porcentualmente, del capital social (de acuerdo a las previsiones de los arts. 21, 22 y concordantes de la ley 23.696 y su Decreto Reglamentario Nº1105/89).

            A través de la Resolución M.D. Nº138/93, el Ministerio de Defensa de la Nación reglamentó el Programa de Propiedad Participada que se incorporó formal y definitivamente al proceso de privatización de PGM.

            La falta de ofertas para la adquisición de PGM, en los términos y condiciones pretendidos por la autoridad de aplicación del proceso de privatización, determinó que se declarara desierto el llamado a través de la Resolución M.D. Nº456/93. Esta resolución nada dijo respecto del Programa de Propiedad Participada que ya se había constituido y aprobado.

            Como consecuencia del dictado de la resolución aludida, el Ministerio de Defensa de la Nación decide vender a YPF S.A., en forma directa, los activos de PGM y deducir sus pasivos del precio de venta. -Resolución 435/93-

            A partir del 1/04/93 YPF S.A. se constituyó en el único propietario de la totalidad de los bienes de PGM y procedió a absorber solo una parte de su personal, desvinculando al resto.

            En esta ocasión el Programa de Propiedad Participada, que se entiende directamente incorporado a los activos que adquirió YPF S.A., no fue aplicado ni por YPF S.A., ni por el Ministerio de Defensa de la Nación, que hasta ese momento era su socio.

Sobre el derecho de los ex trabajadores de PGM a ser incorporados en el Programa de Propiedad Participada de YPF S.A.

            Al decidir constituir un Programa de Propiedad Participada y obtener su aprobación por la autoridad de aplicación que intervino en cada esfera jurisdiccional, los ex trabajadores de PGM adquirieron un derecho a ser titulares de una proporción de las acciones que se transferirían a una nueva sociedad o, como sucedió en este caso, de una sociedad ya existente como lo era YPF S.A. Esta última, ya detentaba acciones de la sociedad a privatizar y adquirió bienes representativos de la participación accionaria de la que su socio, el Ministerio de Defensa, era titular. Por lo tanto, el hecho de que, en lugar de materializar la transferencia de un conjunto de acciones, se acudiera a la modalidad de expresarlo en activos determinados, no extingue el derecho adquirido de los ex trabajadores de PGM.

            Por lo expuesto, cabe concluir en que los ex trabajadores de PGM debieron haber sido incorporados en el Programa de Propiedad Participada de YPF S.A., ya que en éste quedaron subsumidas sus participaciones accionarias.

El origen de la Ley 25.471.

            A través de diversos decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones del Ministerio de Económica y Obras y Servicios Públicos, entre ellas la Resolución  N° 72 del 25 de julio de 1995, se instruyó al Banco de la Nación Argentina a fin de que procediera a distribuir las Acciones Clase C de YPF Sociedad Anónima entre todos los empleados de dicha empresa que al 7 de julio de 1993 hubieran comenzado su relación laboral con anterioridad a la privatización de la misma.

Ello afectó los derechos de casi 30.000 trabajadores de YPF S.A. (los que fueron desvinculados entre los años 1991 y 1993) y de alrededor de 500 trabajadores de PGM (los que fueron desvinculados al momento de la absorción de PGM) que se vieron impedidos de acceder al Programa de Propiedad Participada establecido por la ley 23.696.

El dictado de la ley 25.471 se dirigió a subsanar el daño provocado a estos trabajadores estipulando una indemnización a su favor.

El texto de los dos primeros artículos señala:

“Art. 1: Aclárase el alcance del apartado c) del artículo 8º de la ley 24.145, de la siguiente forma:

            Artículo 8: Clase C: las acciones que adquiera el personal de la empresa, hasta el diez por ciento (10%) del capital social, bajo el régimen de propiedad participada de la ley 23.696. Será considerado personal de la empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada, aquel que se desempeñaba en relación de dependencia con Y.P.F. S.A., al 1º de enero de 1991, y que hubiese comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.

                        Art. 2: Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex agentes de Y.P.F. Sociedad del Estado –encuadrados en el artículo 1º de la presente ley-, que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntas, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. La indemnización resultará de valuar las siguientes pautas:…..

Sin embargo, esta ley no ha sido suficientemente clara al especificar cuáles son los trabajadores que deben ser indemnizados y ello podría generar que, una vez más, se excluyera al grupo de ex trabajadores de PGM que fueron desvinculados por YPF S.A. al momento de la privatización (1/04/93). Ello debido a que este texto legal señala que “….Será considerado personal de la empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada, aquel que se desempeñaba en relación de dependencia con Y.P.F. S.A., al 1º de enero de 1991, y que hubiese comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha”.

            Por todo lo expuesto, es necesario proceder a sancionar una ley que despeje toda duda acerca del alcance que debe dársele al texto de la ley 25.471.

            En primer lugar, es preciso recordar que los ex trabajadores de PGM, al decidir constituir un Programa de Propiedad Participada, y obtener su aprobación por la autoridad de aplicación, adquirieron un derecho a ser titulares de una proporción de las acciones que se transferirían a una nueva sociedad o, como sucedió en este caso, de una sociedad ya existente como lo era YPF S.A. y que debieron haber sido incorporados en el Programa de Propiedad Participada de YPF S.A., ya que en éste quedaron subsumidas sus participaciones accionarias. Asimismo, debe tenerse presente que cuando por Resolución del Ministerio de Economía  N° 72/95, se instruyó al Banco de la Nación Argentina a fin de que proceda a distribuir las Acciones Clase C de YPF S.A. entre todos los empleados de dicha empresa que al 7 de julio de 1993 hubieran comenzado su relación laboral con anterioridad a la privatización de la misma, los ex trabajadores de PGM que habían sido absorbidos por YPF S.A. resultaron beneficiarios del cobro.

            En consecuencia, la posible duda que se desprendería del texto de la ley 25.471 es si los ex trabajadores de PGM que resultaron desvinculados por YPF S.A. al momento de su privatización (1/04/93) encuadran o no en el grupo de trabajadores que deben ser indemnizados, debido a que al 1º de enero de 1991 no estaría configurada la relación de dependencia que exige el artículo 1 de la norma citada.

            Sin embargo, como hemos visto, la intención del legislador al momento de su redacción fue incluir a todos los trabajadores que habían sido injustamente excluidos del Programa de Propiedad Participada. La inmensa mayoría de ellos correspondía a trabajadores de YPF S.A. que habían sido desvinculados de la empresa entre los años 1991 y 1993 y por ello el texto legal estableció esta fecha que incluía a todos ellos.

            Por otra parte, si recordamos que PGM, antes de su privatización, pertenecía en un 50% a Y.P.F. podemos establecer que los ex trabajadores de PGM tenían una relación de dependencia con ésta mucho antes de que se constituyera en su única propietaria.

            Todo lo expuesto demuestra que la única interpretación justa que puede hacerse de la norma en cuestión es la siguiente: cuando el artículo 1º se refiere al personal de la empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada como “…aquel que se desempeñaba en relación de dependencia con Y.P.F. S.A…” incluye a los trabajadores de Petroquímica General Mosconi.

Sobre la interpretación que debe hacerse del artículo 2º de la ley 25.471.

            Por otra parte, la ley 25.471 prevé en su artículo 2º las pautas que deberán ser utilizadas para la valuación de las indemnizaciones que se estipulan a favor de los ex agentes de YPF que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos.

            La primera de las pautas a seguir está estipulada en el  inciso a) de este artículo: “la cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas del artículo 27 de la Ley 23.696, sobre la base de los datos de ingreso y egreso –si correspondiere-, categoría laboral y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa”.

            La segunda pauta está dada por el inciso b) y resulta de vital importancia ya que allí se deduce el valor a percibir por cada acción que pasaría a ser la diferencia entre el valor de libro de tales acciones y el valor de mercado. El establecimiento de estos valores resulta imprescindible para alcanzar un precio que resulte razonable y no desnaturalice los derechos de los trabajadores.

            Es por ello que cuando el artículo 2º inciso b) se refiere al “valor de libros de tales acciones” se debe entender por “valor libros” el valor de la fecha de julio de 1993 y cuando señala “valor de mercado” debe interpretarse el valor de mercado a la fecha de  liquidación de las indemnizaciones, más las compensaciones correspondientes a partir de la fecha de verificación del daño.

            Por todo lo anteriormente expresado, es que se solicita la aprobación del presente proyecto.